Tres puntos críticos para levantar los “fondos Pyme” de las AFP.

La manera de clasificar estos fondos, el manejo del riesgo de crédito y el porcentaje de garantía, son claves en el debate.

18 mayo 2020 | El Mercurio Inversiones

Avanza el proceso para generar financiamiento, de al menos US$ 1.000 millones, para las Pymes chilenas desde los fondos de pensiones, según lo propuesto por las AFP e impulsado por el regulador. El martes pasado, la Superintendencia de Pensiones puso en consulta la normativa que permitiría a las administradoras de fondos de pensiones invertir en facturas y pagarés de Pymes.

Pese a ello, aún quedan dudas y puntos pendientes en torno al instrumento.

“Todavía todo es muy incierto”, dice Alfredo Harz, gerente general de Sartor Finance. “Yo creo que todos los interesados, como es el caso nuestro, estamos esperando las bases, los reglamentos o cómo poder participar en esto”. Aún así, Harz reconoce que “la luz verde que se le dio a las AFP para que puedan financiar a las Pymes es una muy buena señal, es una de las primeras etapas que estábamos esperando”.

A continuación, tres puntos en los que se contraponen visiones para la materialización del “fondo Pyme” de las AFP.

1. Porcentaje de la garantía estatal

Las AFP solicitan para este fondo una garantía estatal de 100%, pero hasta ahora Corfo garantizaría el 80% de estos instrumentos y el 20% sería respaldado por las intermediarias de estos recursos, las AGF. 

“El rol de la institución estatal de garantizar esto es súper importante porque mientras más garantice, al final más capacidad tendrán las AFP de entregar plata a las Pymes”, dice Martín Figueroa, socio y director de Ameris Capital. Esta es una de las cinco AGF en las que las AFP invierten en deuda privada local. Al cierre de marzo, las administradoras de fondos de pensiones acumulaban una tenencia de US$3,34 millones en el fondo Deuda Con Garantía Hipotecaria de Ameris Capital. Las demás son LarrainVial Activos, BTG Pactual, Santander y Frontal Trust.  

No todos están de acuerdo con una garantía 100% estatal. “Cuando uno mira las sociedades de garantías recíprocas (SGR, que facilitan el acceso a financiamiento a Mipymes como aval), éstas han ido alejándose cada vez más del financiamiento otorgado 100% por Corfo”, dice Luis Flores, ex director ejecutivo de Tanner Investments. “Se han movido a un financiamiento más privado, donde la administradora toma un rol y un factor de preocupación con el riesgo de crédito y no solamente es un empaquetador de fondos. Yo creo que es súper sano”.

2. Manejo del riesgo de crédito

En el mercado advierten que no es “llegar y canalizar” estos recursos a las pymes, pues hay un importante riesgo asociado. “Hay hartas administradoras con buen track record, pero yo diría que hoy están mostrando alguna debilidad en los procesos de crédito que tomaron”, dice Flores. Desde su punto de vista, estas gestoras no fueron previsoras de una crisis como la actual, por lo que “han tenido y otros van a tener hartos problemas en el momento en que vayan a cobrar esos créditos, van a tener incumplimiento y mayores caídas”.

En ese sentido, “las AGF bancarias estarían mejor preparadas”, dice el ex ejecutivo de Tanner. “En el comité de inversiones de algunos fondos de AGF bancarias hay gente que viene del área de riesgo de crédito del banco, así como también hay otras compañías con historia dando crédito a las Pymes y que tienen AGFs que podrían sacar este tipo de fondos”, señala

Figueroa, de Ameris, discrepa de esta visión. “Me parece un poco absurdo: si bien las AGF pueden ser filiales de los bancos, no tienen ninguna relación con el banco a la hora de recibir los créditos, son totalmente separados, no necesariamente trabajan juntos”, afirma. Asegura que las AGF no bancarias “estamos exactamente igual de preparadas que esas AGF, hay varias que han desarrollado muy fuertemente las capacidades de análisis de deuda privada y las AGF bancarias no corren con ventaja en esto, porque no usan la capacidad del banco para tomar decisiones”, dice.

“Yo no veo que sea tan directo como llegar e invertir, va a ser bastante complejo cuando los portafolio manager de los fondos de pensiones tengan que hacer la elección de estos fondos y se encuentren con sorpresas o con harto crédito no bien otorgado, sin buenas garantías”, dice Flores.

3. Clasificación en los límites de inversión

En la normativa que puso en consulta la Superintendencia de Pensiones, estableció que el porcentaje de este tipo de fondos para financiar Pymes, y que tuviera garantía estatal, sería considerado como “instrumentos de gobierno”, o renta fija nacional. El porcentaje restante clasificaría dentro del límite de “activos alternativos” de los fondos de pensiones.

A algunos en el mercado les inquieta que este último espacio sea ocupado por activos con un potencial de retorno menor. “Es bien desastroso, no logro entender”, dice una fuente de la industria. “En el límite de alternativos, que ocupan límite de renta fija, las AFP tienen que elegir entre fondos de deuda privada global, que dan retornos de entre USD+ 10% hasta USD +18%, y facturas locales, pagarés y mutuos hipotecarios, que dan retornos de UF+2% a UF+4%”, dice.

“Hay un avance, hay un paso en que el regulador permita invertir en facturas y pagarés”, dice la fuente. “Pero lo está permitiendo en una forma en que las AFP no van a poder hacerlo”.

“Veo de buena forma que se haya encontrado el mecanismo de que el financiamiento de deuda privada de empresas desde las AFP sirva como renta fija, si queremos que las tasas a las cuales las Pymes se endeuden sean razonables”, dice Figueroa, de Ameris. De todas maneras, coincide en que la inversión en activos alternativos tiene implícita una exigencia de rentabilidad “bastante más alta”.

No todos adscriben a esta mirada. “Esto debería ser 100% alternativo: son activos de difícil valorización, mientras que una característica de la renta fija es que es de fácil valorización, porque tiene transacciones recurrentes”, dice Flores. En cambio, “independientemente de que sea garantizado el crédito (del fondo Pyme) no lo vas a poder valorizar constantemente. Debería ser 100% alternativo y no hay que tenerle miedo a esa fórmula”, dice.

Respecto al argumento de que el financiamiento a las Pymes competiría con inversiones que entregan mayores retornos, Flores dice que “el concepto de financiar barato a una Pyme es bien relativo, porque un bono bancario puede estar a UF + 1%, pero para la pyme financiamiento barato puede ser UF+5% o UF+10%”. Asegura que, antes de la crisis, estas empresas se financiaban a entre UF + 12% y UF + 15%, por cuanto esto terminará implicando “una muy buena ayuda para la Pyme y un muy buen retorno para las AFP”.

“Es preciso no generar tantas expectativas respecto de los mayores retornos que se podrían obtener”, advierte sin embargo Juan Pablo Philippi, economista y socio de FK Economics. Esto, “ya que estamos hablando de un 5-10% de la cartera total del fondo, por lo que, por muy buenos que sean los retornos, en el agregado el efecto será pequeño”, señala.

Otras Advertencias

Respecto a considerar la parte garantizada por el estado como renta fija y el resto como activo alternativo, Salvador Valdés, académico de la U. Católica, dice que lo informado sería “una solución salomónica, pero con una condición”. Que la garantía “sea a prorrata, que sea exactamente una proporción, porque muchas garantías como las que dio el Banco Central en sus créditos a la banca o las que da el Fogape no son a prorrata, sino que establecen que un primer porcentaje lo asume quien presta el dinero y solo si la pérdida es mayor que eso, entra la garantía”. Es decir, algunas garantías tienen un funcionamiento similar al de los deducibles de los seguros, señala.

Es por eso que Valdés considera que “si sale un fondo con una garantía estatal de 90%, pero con un deducible de 10%, ahí no debería ir 90% a renta fija y 10% a alternativos”. En ese caso, cree que “la regla debería ser diferente: podría ir la mitad a cada límite o se podría restar el deducible”.

Mientras tanto, algunos ven necesario que esto se impulse con celeridad. La propuesta se hizo el 30 de marzo, por cuanto “creemos que debe ser aún más rápido, ya que a medida que pasan las semanas, más empresas se complican”, dice Harz, de Sartor.